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Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas .(10/PL-000011)

Opinións

1 - Escrito por Marina Lamas Proupín o 23/04/2019 18:49

Primeramente cabe mencionar que el objetivo fundamental de las directrices de técnica normativa es cumplir con el principio constitucional de seguridad jurídica recogido en el artículo 9.3 de nuestra Carta Magna. El cumplimiento de dicho propósito se lleva a cabo mediante la mejora de la calidad técnica y lingüística de las normas de origen gubernamental. Al respecto de esto, el Tribunal Constitucional en su sentencia 150/1990, de 4 de octubre afirma la conexión inequívoca existente entre la seguridad jurídica y la técnica normativa. Pues bien, para proceder al análisis de la técnica normativa del Proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas es necesario verificar si se cumplen los requerimientos de seguridad jurídica introducidos por el Acuerdo de 30 de octubre de 2014, del Consello de la Xunta de Galicia, por el que se aprueban las directrices de técnica normativa. El cumplimiento de dicho elenco de directrices trae consigo la calidad y claridad de las disposiciones normativas para su correcta comprensión por sus destinatarios, lográndose así un ordenamiento rigurosamente configurado en el orden formal. Es importante fijar el ámbito de aplicación de las directrices y en el Acuerdo de 30 de octubre de 2014 se establece que éstas se aplicarán en la elaboración de anteproyectos de ley, proyectos de decreto legislativo y proyectos de disposiciones administrativas de carácter general. El proyecto de ley sobre el que versa la técnica normativa es admitido a trámite ya que cumple las condiciones previstas en el artículo 111.2. del Reglamento del Parlamento de Galicia. El proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas fue tramitado por el procedimiento de urgencia por el Parlamento de Galicia, aprobado por el Consello de la Xunta de Galicia el día 18 de octubre de 2018, teniendo entrada en el Registro del Parlamento de Galicia el día 19 de octubre de 2018. Centrándonos estrictamente en criterios de técnica normativa, vemos que: según las directrices de técnica normativa los proyectos de ley deben dividirse en: título del proyecto; la parte expositiva, que en este caso deberá recibir el nombre de “ Exposición de motivos”; y la parte dispositiva, en la cual se incluye el articulado, la parte final y, en su caso, los anexos. En virtud de lo expuesto se puede afirmar que el proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas cumple con el esquema con el que todo proyecto de ley debe contar. Un vez establecido esto, es hora de proceder al análisis del contenido del proyecto de ley. Lo primero que tenemos es el título, el cual forma parte del texto y permite su identificación, interpretación y cita. Vemos que es correcto ya que comienza con la identificación del tipo de disposición, en este caso “proyecto de ley”, y el nombre de la misma, que en este caso es de “medidas fiscales y administrativas”. Además la expresión que define el título está situada de forma centrada y en mayúsculas, apuntando a su contenido esencial, lo cual permite al lector conocer exactamente la materia objeto de la disposición. En lo que respecta al índice, vemos que el proyecto objeto de estudio carece de él, lo cual puede complicar su comprensión debido a la amplitud y complejidad de la materia sobre la que versa. Hay que matizar que no es obligatoria la presencia de un índice, pero su ausencia puede traer consigo dificultades para el lector como decíamos antes. Lo siguiente que podemos encontrar en el texto es la exposición de motivos, la cual se encarga de fijar el contenido de la disposición, de indicar su objeto, su finalidad, sus antecedentes, sus competencias y sus habilidades y se hace mención a incidentes que la normativa en vigor pueda tener. Vemos además que éste se divide en dos partes separadas e identificadas con números romanos centrados en el texto. Y, mientras que la primera de las partes se refiere a la naturaleza de esta disposición, la segunda hace referencia a los títulos en los cuales la norma se divide y se hace mención a sus principales modificaciones . En la parte dispositiva no se hace diferenciación entre la parte sustantiva y la procedimental. Esta parte es la encargada de recoger el conjunto del articulado de la disposición. El articulado forma la unidad básica de todas las disposiciones normativas, de manera que debe estar siempre presente independientemente de la extensión de la disposición. Este proyecto de ley se divide en dos títulos, numerados con números romanos y dentro de cada titulo se encuentran los capítulos en los que a su vez estañen divididos dichos títulos, además éstos aparecen numerados del mismo modo en que lo están los títulos. El primero de los títulos es el relativo a las medidas fiscales y a su vez aparece dividido en dos capítulos. Mientras que el segundo de los títulos versa sobre las medidas administrativas y se encuentra estructurado en doce capítulos. En referencia a los artículos, todos llevan consigo un titulo en el cual aparece recogido su contenido y la numeración de estos artículos se lleva a cabo mediante número cardinales sin ser ni alterada ni interrumpida la numeración en ningún caso. Podemos encontrar una contradicción respecto de la amplitud del articulado ya que teóricamente éstos no deben ser muy extensos para evitar dificultar el entendimiento de las normas y su consecuente incomprensión e interpretación por parte de los ciudadanos. Y, contrariamente a esto, podemos apreciar como los artículos de los que consta la disposición son bastante extensos. En lo que se refiere a la regla de redacción, ésta se cumple tratando cada articulo sobre un tema y no habiendo lugar a intrusiones. Además cada uno forma una unidad de sentido completa evitando acudir a artículos anteriores o posteriores, contando así cada artículo con un tema, cada párrafo con un enunciado y cada enunciado con una idea. De la misma manera, tampoco encontramos expresiones que pudiesen general algún tipo de incertidumbre acerca de la aplicación de la norma. Por último, el análisis finaliza con una parte final formada por dos disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y una única disposición derogatoria. Por su parte, las disposiciones transitorias tienen como objetivo facilitar el camino al régimen jurídico previsto por la nueva regulación, mientras que las disposiciones últimas se encargaran de incluir los preceptos que modifiquen el derecho vigente. Mientras que la disposiciones derogatorias contienen cláusulas de derogación del derecho vigente y así evitar la supervivencia en el ordenamiento jurídico de ciertas normas que cuentan con el mismo ámbito de aplicación. Como conclusión, se puede afirmar que este proyecto de ley se encuentra redactado en un lenguaje culto, pero accesible a la ciudadanía a su vez, contando con una redacción clara, sencilla y precisa que no da lugar a dudas. Y dicho texto recoge un léxico común, no vulgar y dotado de coherencia terminológica.

2 - Escrito por Lolita DOS SANTOS o 31/05/2019 13:55

La técnica normativa es un concepto abierto que determina los criterios y la lingüística de la redacción formal de una Ley. La finalidad de la técnica normativa (o legislativa en este caso) parte de un principio fundamental en todo Estado de Derecho, que es el principio de seguridad jurídica. Este principio consagrado por el artículo 9.3 de la Constitución española fue también reafirmado por la jurisprudencia. En este sentido, el Tribunal Constitucional, en su sentencia 27/1981 dijo que “Los principios constitucionales invocados por los recurrentes: irretroactividad, seguridad jurídica, interdicción de arbitrariedad que integran el artículo 9.3 de la Constitución no son compartimientos estancos, sino que, al contrario, cada uno de ellos cobra valor en función de los demás y en tanto sirva a promover los valores superiores del ordenamiento jurídico que propugna el Estado social y democrático de Derecho”. Así es preciso examinar la buena aplicación de la técnica normativa de cada acto normativo del ordenamiento jurídico. Primero, la Ley ha de ser clara, precisa e accesible para todos los ciudadanos. Este principio está garantizado también por el artículo 9.3 de la Constitución, y este mismo artículo dispone que incumbe a los poderes públicos respetar el principio de accesibilidad de la Ley, de tal modo que los ciudadanos puedan comprenderla fácilmente y acceder a ella sin problema, y consecuentemente, garantizar su buena aplicación. La aplicación de este principio pasa también por la técnica normativa. La ley ha de seguir una división y un contenido ordenado desde los temas más generales a los que afecta el proyecto de Ley hasta los más particulares y concretos. Además, el objeto de la Ley debe ser precisado desde el principio del documento en el cual está desarrollada e igualmente su título debe ser claramente y expresamente mencionado de tal modo que todo ciudadano medio comprenda de qué trata la Ley. En primer lugar, lo que se puede destacar en el proyecto de Ley de medidas fiscales y administrativas es que no contiene un sumario al principio que recoge todo los títulos, capítulos, artículos y disposiciones finales de la Ley, lo que dificulta su lectura en el sentido de que no facilita la búsqueda de un tema preciso que regula el proyecto de Ley, sino que hay que leer todas las paginas previamente hasta encontrar el tema de búsqueda. En segundo lugar, el titulo está bien mencionado según los criterios de buena técnica legislativa y figura después una exposición de los motivos que desarrolla el objeto de este proyecto de Ley. La división entre Libros, Capítulos, Secciones, Subsecciones, y Artículos, está bien respetada también. Además, lo que se noticia es que el orden de división es respetado pero la Ley no contiene Libros, ni secciones, está muy poca dividida, solo contiene capítulos y artículos únicamente, pero los artículos son muy largos y contienen muchas divisiones de tal modo que por ejemplo, el articulo 1 toma tres páginas y corresponde a todo el primer capítulo. Eso también puede presentar una dificultad en la comprensión del contenido de la Ley, porque con artículos muy complejos y densos, no hay fluidez en la lectura de la Ley. Por eso, la técnica legislativa exige muchas divisiones y subdivisiones en la Ley, porque es más fácil leer artículos cortos que recogen pocas informaciones que son precisas y bien desarrolladas que pocas divisiones donde se encuentran muchas informaciones mezcladas en un mismo artículo. Por fin, el Artículo 149.1 de la Constitución española fija las competencias exclusivas del Estado, es decir, los ámbitos dentro de los cuales las Comunidades Autónomas no pueden legislar. En la materia de los impuestos, el Estado ejerce su competencia conjuntamente con las Comunidades Autónomas en el sentido de que existen impuestos estatales e impuesto autonómicos que responden a las necesidades específicas de cada Comunidad Autónoma. La regla es que las Comunidades deben conformarse a la Ley estatal y no traspasar el ámbito de competencia del Estado en materia fiscal. Por eso, el Estado dispone de diferentes mecanismos de control a posteriori sobre las legislaciones autonómicas. El artículo 44 del Estatuto de Galicia establece en qué ámbitos específicos la Comunidad de Galicia puede legislar: “La Hacienda de la Comunidad Autónoma se constituye con: -Los rendimientos de los impuestos que establezca la Comunidad Autónoma. -Los rendimientos de los impuestos cedidos por el Estado a que se refiere la disposición adicional primera y de todos aquéllos cuya cesión sea aprobada por las Cortes Generales. -Un porcentaje de participación en la recaudación total del Estado por impuestos directos e indirectos, incluidos los monopolios fiscales. -El rendimiento de sus propias tasas por aprovechamientos especiales y por la prestación de servicios directos de la Comunidad Autónoma, sean de propia creación o como consecuencia de traspasos de servicios estatales. -Las contribuciones especiales que establezca la Comunidad Autónoma en el ejercicio de sus competencias. -Los recargos sobre impuestos estatales. -En su caso, los ingresos procedentes del Fondo de Compensación Interterritorial. -Otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. -La emisión de deuda y el recurso al crédito. -Los rendimientos del patrimonio de la Comunidad Autónoma. -Ingresos de derecho privado, legados y donaciones; subvenciones. -Multas y sanciones en el ámbito de sus competencias.” En este sentido, el Tribunal Constitucional, en su sentencia 206/2001, dijo que “Conforme a lo expuesto hasta ahora, el punto de partida que la competencia legislativa autonómica sobre Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación comprende la regulación del presupuesto cameral dentro de los límites fijados por normas básicas estatales del art.149.1.18 de la Constitución española.” El presente proyecto de Ley establece disposiciones tanto ejecutivas como de carácter normativo que, como esta mencionado en la exposición de motivos, se conformen a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

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